Asambleístas y un expresidente «saludan» la detención en Estados Unidos del exministro de Gobierno Arturo Murillo por los cargos de soborno y lavado de dinero y pidieron su extradición para que también «rinda cuentas» en Bolivia.
El departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este miércoles sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez y el dueño de la empresa que intermediaba la compra del material antidisturbio en 2020.
«Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente de 5,6 millones de dólares para proporcionar al Ministerio de Defensa gas lacrimógeno y otro equipos no letales» indica el documento del departamento de Justicia estadounidense.
Estas cinco personas están acusadas de supuesta «conspiración para cometer lavado de dinero» y en caso de que sean declarados culpables enfrentarían una condena de 20 años de prisión, señala el documento publicado.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó esta situación en una conferencia de prensa y publicó en sus redes sociales el mandamiento de aprehensión de Murillo.
Tras conocer esta situación en el país, varios asambleístas y exautoridades se pronunciaron al respecto.
El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga escribió en su cuenta de Twitter que «todos los integrantes de esta pandilla deberán cumplir las condenas que les aplique la justicia en Estados Unidos» y que después deben ser enviados al país a «purgar su delitos».
«Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro», manifestó Quiroga.
Del mismo modo el senador oficialista Leonardo Loza indicó a través de las redes sociales que quienes «dañaron» al país con «hechos de corrupción, masacres y compras con sobreprecio deben rendir cuentas a la justicia».
Coincidió el diputado del partido gobernante Vicente Condori que Murillo debe pagar y «rendir cuentas» en el país por lo que se suman al pedido e extradición de la exautoridad del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
«Esta detención es importante es muy saludable», manifestó Condori.
Asimismo el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Luis Adolfo Flores, sostuvo que esta detención es una «llamada de atención» a la justicia boliviana a que avances en los casos en contra de Murillo.
«Esperemos que esta llamada de atención de la justicia de otro país como el departamento de Justicia de Estados Unidos sea un ejemplo que los bolivianos debamos seguir», indicó Flores.
Además sostuvo que no se puede hablar de «persecución política» en contra de Murillo.
Estas posturas se suman a las del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien sostuvo el martes que el Gobierno de Luis Arce debe hacer todo lo posible para «extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción».
Más temprano el Gobierno boliviano informó que pedirá la extradición de Murillo y su exjefe de gabinete, al conocerse de la detención de este último tras un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el que señalaba que Méndez había recibido 582.000 dólares de soborno.
Este presunto soborno se da en el marco de la compra de material antidisturbios como gases lacrimógenos en 2020 en el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, por el que pesa una orden de aprehensión en Bolivia en contra de Murillo por supuesto sobreprecio en la adquisición.
El ministro explicó que el Gobierno de Áñez ha pagado 5,7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa brasileña Cóndor se pagó 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un daño económico al Estado de 2,3 millones de dólares.
Por este caso también se detuvo al cuñado de Murillo tras sacar dinero de una caja de seguridad en Cochabamba y al exedecán o miembro de seguridad cuando era ministro, luego de brindar su declaración informativa. EFE
