El Gobierno de Ecuador reiteró este lunes que acatará el fallo arbitral que le condenó en 2014 a indemnizar a la petrolera francesa Perenco con 374 millones de dólares más intereses y aseguró no tener constancia de que activos estatales hayan sido congelados en Luxemburgo por no haber acatado hasta ahora la resolución.
El Ministerio de Economía y Finanzas afirmó en un comunicado que «hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero».
Las autoridades ecuatorianas se refirieron así «al congelamiento de los activos del Estado reportados por agencias de medios internacionales» en bancos de Luxemburgo, por orden de un juez de ese país con el objetivo de garantizar el cobro de la indemnización que debe recibir Perenco.
En su comunicado, el Ministerio de Economía afirmó que la reparación cifrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, es de 374 millones de dólares y no de 391 como se indica desde la compañía.
Asimismo, indicó que continuará junto a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado, el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco.
«Una vez hechos los pagos, corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente», detalló.
El Ministerio de Economía recordó que este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, cuando Perenco demandó a Ecuador ante el Ciadi para reclamar originalmente el pago de 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción en 2006 de la Ley 42.
En esa norma se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto 662, dictado en 2007 durante el mandato del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99 %.
Esta legislación modificó de manera unilateral los contratos que el Estado ecuatoriano había asumido años atrás con Perenco para la exploración y explotación de petróleo en los bloques 7 y 21, ambos ubicados en la Amazonía ecuatoriana, en virtud de un convenio bilateral de inversiones entre Ecuador y Francia.
El tribunal arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano con el pago de 374.373.154,25 dólares más intereses.
En junio de 2021, tras la llegada a la Presidencia del conservador Guillermo Lasso, el Gobierno manifestó su compromiso por respetar el laudo arbitral, después de que durante en 2019 la Procuraduría solicitara la anulación del fallo. EFE
