“Coches bomba”, ataques a objetivos de seguridad nacional, secuestros, sicariatos, asaltos a mano armada, masacres en cárceles, extorsiones y ataques con explosivos. Esta es una realidad actual que vive Ecuador.
Se trata de una escalada de violencia que deja decenas de muertos cada día. Además, crea una sensación de inseguridad en la población y una mala imagen del país a nivel internacional.
El último de los hechos violentos se registró la madrugada de este domingo 13 de agosto de 2022, en Guayaquil, en el sector Cristo del Consuelo. Desconocidos dispararon y lanzaron artefactos explosivos a un inmueble. Allí había una fiesta.
Cinco personas murieron y unas 20 terminaron heridas. Además, varios vehículos resultaron afectados por la explosión, que, según la Policía Nacional, se debe a un enfrentamiento entre bandas delictivas.
Una de las principales hipótesis que investigan las autoridades es que estos hechos violentos responden a una disputa entre organizaciones internacionales de tráfico de drogas.
En tanto, este lunes, en medio de un estado de excepción en Guayaquil, cuatro delincuentes asesinaron a tres personas cerca del mediodía bajo modalidad sicariato. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, tuiteó:
“Los criminales reaccionan ante incautaciones y detenciones que hace @PoliciaEcuador castigando a quienes “fallan” al perder su bien más preciado: la droga; y, envía mensajes a su competencia”. Informó que se aprehendió a cinco personas que pertenecerían a grupos de delincuencia organizada.
Análisis
Patricio Romero, abogado e investigador en criminología, mencionó que Cuenca y la provincia de Azuay limitan con Guayas, que es la provincia donde se reporta la mayoría de estos hechos de violencia.
Pero además recordó que, en Turi, en Cuenca, está uno de los tres Centros de Privación de Libertad (CPL) más grandes del país, y en donde se han registrado masacres entre detenidos.
Aunque Romero señaló que Guayas tiene algunas particularidades como, por ejemplo, su salida al mar, que la hace atractiva para el narcotráfico, no se puede descartar que la violencia de esta provincia se traslade a Cuenca.
Y ya hay muestras de esto, pues desde hace unos cinco meses dueños de negocios en Azuay son extorsionados por delincuentes que les exigen dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familias.
“La idea no es causar una alarma injustificada en la ciudadanía, pero debemos decir que los fenómenos criminales son dinámicos, se mueven y se acentúan donde encuentran condiciones adecuadas…”, manifestó.
Romero recordó que a inicios de este mes dos cadáveres fueron encontrados cerca del hospital Del Río. Estaban en fundas plásticas y con cinta de embalaje. Tenían golpes.
Eran de dos ciudadanos: uno de Guayaquil y otro de Santo Domingo, y las autoridades creen que estos asesinatos fueron por la disputa del territorio para la venta de drogas en Cuenca.
Policía
Walter Villarroel, comandante de la Policía Nacional, en la zona 6, explicó que no se puede comparar la incidencia delictiva que tiene Guayaquil u otras ciudades, con la que hay en Cuenca.
“Estoy seguro que no vamos a llegar a ese nivel; sin embargo, de ello, existe la influencia delictiva, no podemos negar eso, que existen eventos que se están dando en la provincia de Azuay (…)”, expresó.
Agregó: “estamos haciendo las acciones operativas para contener que no exista esa influencia que viene desde otras provincias que están con mayores problemas…”.
De acuerdo con Villarroel, en Cuenca hay gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar y libadores, que, sin estar directamente relacionados con la seguridad, tienen que ser atendidos por la Policía Nacional.
Indicó que la Dirección General de Inteligencia (DGI), de la institución policial, ya investiga los casos de extorsiones a propietarios de locales comerciales en esta provincia.
OPINION
Felipe Camacho
Felipe Camacho fue director del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC) de Cuenca y estuvo en la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC). Es mayor del Cuerpo de Bomberos de Cuenca.
Camacho, quien actualmente da asesoría en seguridad fuera de Cuenca, explicó que los índices delictivos han aumentado en esta ciudad y en Azuay, especialmente, por tres factores.
“Uno de los factores es que se han importado algunas modalidades de delitos desde otros países ya que hay gran cantidad de personas que ingresan al país, algunos incluso con antecedente penales…”, señaló.
Indicó asimismo que el servicio delivery, que se ha incrementado en esta ciudad considerablemente, es mal usado por delincuentes, para vigilar el movimiento de los dueños de casas, para luego robar.
Y finalmente cree que la implementación del Centro de Privación de Libertad (CPL), de Turi, provocó la llegada de delincuentes, que tienen relación con los que están presos.
Para Camacho las autoridades de la ciudad tienen que diseñar un plan de seguridad que tenga criterios técnicos y que sea sobre todo ejecutable, para que dé resultados reales.
Renán Velasco
Renán Velasco es coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo. Dirigió la Jefatura Antinarcóticos en Azuay y también estuvo al frente de la Policía Judicial (PJ) de Azuay. Es especialista en seguridad.
Para Velasco malas decisiones por intereses políticos, especialmente, en los últimos 10 años, desarticularon la institucionalidad de la Policía Nacional y de otros organismos responsables del combate a la inseguridad.
Igualmente, a decir de Velasco, las cerca de 50 brigadas barriales que había en Cuenca, y que trabajaban de forma coordinada con la Policía Nacional, dejaron de funcionar como en principio.
A criterio de Velasco la legislación penal actual es “proreo”, es decir, beneficia a los delincuentes y condena a los uniformados bajo argumentos como deficiencias en los procedimientos policiales.
Considera que se deben mejorar los procesos para la selección de personal para la institución policial, para evitar que ingresen malos elementos que perjudiquen a la ciudadanía y sean cómplices de los delincuentes.
Guillermo Cobo
Guillermo Cobo es coronel de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en servicio pasivo. Fue comandante de la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC). Es investigador en seguridad.
Para Cobo si bien el Gobierno Nacional es el responsable de la seguridad, los municipios también deben apoyar para combatir la inseguridad en sus jurisdicciones.
Por ejemplo, en el caso de Cuenca la GCC debería ayudar a la Policía Nacional en la atención de casos de libadores, para que la institución policial se dedique exclusivamente a temas de seguridad.
A decir de Cobo, es necesario incluso controlar las ventas ambulantes y el desorden que hay en la ciudad, dado que esto también afecta a la seguridad de la ciudadanía.
El oficial militar considera que no es adecuado que el Municipio de Cuenca busque hacerse cargo del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, dado que no tienen la capacidad operativa y estratégica de seguridad.
En este recinto carcelario, según Cobo, se tiene que aplicar inteligencia y operaciones estratégicas, dado que estos lugares ya están tomados por organizaciones criminales internacionales.
