La medida aceptada por la jueza María del Carmen Salazar, que da paso a un posible regreso de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional, genera reacciones.
La jueza aceptó a trámite la acción de protección presentada por Llori en la que pide la restitución del cargo, la destitución de los asambleístas que integraron la Comisión Multipartidista que la investigó, incluido el actual presidente Virgilio Saquicela, y una indemnización de USD 8,1 millones de los 81 asambleístas que votaron en su contra en el pleno.
La audiencia se realizará el próximo lunes, 22 de agosto de 2022.
Saquicela reaccionó y dijo que un posible regreso es “jurídicamente improcedente” y aseguró que existen presiones hacia la jueza.
Pedro Zapata, quien integró la Comisión que investigó a Llori, también señala que hay «injerencia del Consejo de la Judicatura», en represalia del juicio político iniciado en la Asamblea en contra de sus miembros.
Aseguró que el proceso «no tiene ni pies ni cabeza» y que existen injerencias.
Por su lado Jhon Vinueza, quien integró la Comisión Ad Hoc que también investigó a Llori, asegura temer que la expresidenta de la Asamblea les haga pagar los USD 8.1 millones que pide en su demanda.»Es una persona con mucho poder”, aseguró.
