Pedro Castillo se levantó el miércoles, 7 de diciembre de 2022, siendo el presidente constitucional de Perú y a mediodía decidió convertirse en un gobernante autoritario e intentó ejecutar un golpe de Estado, pero acabó la jornada siendo detenido por intento de rebelión en agravio del Estado y compartiendo prisión con otro expresidente golpista: Alberto Fujimori.
Este 7 de diciembre no era un día como otro cualquiera para Castillo: el Congreso peruano había convocado una sesión especial para debatir y votar una moción para su vacancia (destitución) por «permanente incapacidad moral».
La iniciativa había sido presentada por la oposición y en caso de ser aprobada, lo habría obligado a dejar el cargo apenas una semana después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera a las partes una tregua.
Congreso en contra e investigaciones
A la debilidad parlamentaria de Castillo, sin mayoría suficiente en un Congreso controlado por la derecha, se unían las seis investigaciones en su contra que lleva a cabo la Fiscalía, todo un récord para un presidente con apenas 15 meses en el cargo.
Cuando el pasado 12 de octubre la Fiscalía peruana denunció constitucionalmente al presidente por corrupción, Castillo reunió a los corresponsales extranjeros para denunciar que se había iniciado “la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”.
El mandatario se sentía víctima de una «persecución», pero aseguraba estar dispuesto a «entregar la vida» por el pueblo.
Quizás por eso el miércoles decidió dar un giro de 180 grados a la situación y a mediodía, vestido con un traje azul sobre el que llevaba cruzada la banda presidencial, se dirigió al país mediante un mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
Un Pedro Castillo tembloroso anunciaba en un mensaje leído desde el Palacio de Gobierno el cierre del Parlamento y la formación de un Gobierno de emergencia, junto con la reorganización del sistema judicial y la instauración del toque de queda en todo el país.
La escena recordaba a otra similar ocurrida hace 30 años, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunciaba en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.
Sin apoyo al autogolpe
Pero mientras aquel 5 de abril de 1992 los tanques rodearon los principales edificios institucionales y los militares arrestaron a dirigentes opositores, en esta ocasión las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le dieron la espalda al presidente.
En un comunicado conjunto emitido después del mensaje de Castillo, militares y policías recalcaron que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”. A partir de ese momento la suerte de Pedro Castillo como presidente de Perú estaba echada.
Su decisión inesperada, solitaria y políticamente suicida aceleró el ritmo de los acontecimientos: dos horas después del intento fallido de autogolpe, el Congreso de la República decidía por 101 votos a favor (de un total de 130 escaños) su destitución como jefe del Estado.
Y en menos de una hora, Castillo ya tenía reemplazante: su compañera de candidatura, Dina Boluarte, juró como presidenta de la República, pidió una tregua política y prometió su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción.
México, dispuesto a darle asilo
Mientras tanto, Castillo era detenido por su propia escolta cuando después de abandonar el Palacio Presidencial se dirigía hacia la Embajada de México. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, había dicho poco antes que le ofrecerían “asilo” si lo solicitaba, pero puntualizó que hasta ese momento Castillo no lo había pedido.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había encargado a su canciller que lo mantuviera informado “en todo momento” de la evolución de la crisis en Perú.
Días atrás, AMLO, firme defensor de Castillo, se había solidarizado con él cuando en Lima el Congreso le negó el permiso para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Perú, México y Colombia) que debía realizarse en la capital mexicana del 24 al 26 de noviembre.
Los legisladores de la oposición argumentaron que podía aprovechar esa salida para huir del país y eludir la acción de la Justicia.
Despojado de la banda presidencial y vestido con ropa informal, Pedro Castillo permaneció durante ocho horas en la Prefectura de Lima con vigilancia policial, mientras que la Fiscalía llevaba a cabo diligencias en el Palacio Presidencial, la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.
A las acusaciones que hasta el miércoles pesaban en contra de Castillo, el Ministerio Público ha sumado ahora la supuesta realización del “delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional», y la «presunta comisión de delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración».
Tras su detención en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un gran despliegue policial a un cuartel en el distrito limeño de Rímac desde el que fue trasladado en helicóptero hasta el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate.
Castillo fue conducido esposado hasta esa prisión, ubicada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por homicidio calificado, usurpación de funciones, corrupción y espionaje, desvío de fondos y peculado.
Treinta años después, la ejecución de un autogolpe de Estado une a ambos expresidentes. EFE
